Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado discutió y avaló la reforma para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos. En lo general la votación obtuvo 76 votos a favor y 37 en contra, mientras que en lo particular se aprobó por 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención, por lo que fue remitido al Ejecutivo Federal.
Dentro de la reforma, que modifica la Ley General de Salud, se establece la prohibición de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Se prevén penas de uno a ocho años de prisión y multas equivalentes de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).Dentro del proyecto se la prohibición descarta a consumidores y se señala que el Sistema Nacional de Salud en esta materia será dirigido por la Secretaría de Salud.
El senador Alfonso Cepeda Salas (Morena) destacó que el objetivo central de la reforma no es perseguir a quienes utilizan vapeadores, sino colocar la protección de la salud como prioridad nacional. Sostuvo que la propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el sistema público y cerrar espacios a prácticas irregulares en los servicios subrogados.
Al posicionarse en contra, la senadora Gina Gerardina Campuzano González (PAN) consideró que una verdadera emergencia sanitaria es la falta de medicamentos. Destacó que la prohibición no resolverá la demanda y el consumo de vapeadores, ya que transferirá este mercado al crimen organizado.
En tanto, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (PVEM) puntualizó que el dictamen no se limita al tema de los cigarrillos electrónicos, sino que también incorpora modificaciones de fondo para el funcionamiento general del sistema de salud. En su exposición destacó la relevancia de la compra consolidada de medicamentos, los ajustes en insumos, la actualización en infraestructura y tecnología.
A nombre del PRI, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) argumentó que los cambios legislativos no abordan de manera sustantiva los desafíos actuales. Afirmó que la prohibición a los vapeadores no tendrá efectos reales en su consumo y que, por el contrario, reforzará el mercado negro, especialmente entre la población joven. Señaló que, sin controles ni vigilancia sanitaria, los riesgos para la salud se incrementarán de manera significativa.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sostuvo que la propuesta gubernamental representa una apuesta prohibicionista que evita asumir la responsabilidad de regular y supervisar el mercado de productos alternativos al tabaco. Destacó que prohibir equivale a renunciar a la posibilidad de establecer estándares sanitarios y a investigar con rigor.
